¿Qué esperar de Next Generation EU en 2022?

Europa ha ofrecido una respuesta contundente e histórica a los efectos económicos y sociales de la COVID-19.

En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central Europeo anunció ya el 18 de marzo del 2020 el programa de compras de emergencia ante la pandemia (una medida no estándar de política monetaria) dotado de 750.000 millones de euros, que posteriormente amplió hasta llegar a los 1.850.000 millones. Al día siguiente, la Comisión Europea adoptó el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal dotando de flexibilidad a los Estados Miembros para apoyar la economía; y, tan sólo un día después, propuso activar la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que permitió a los Estados Miembros adoptar medidas fiscales extraordinarias para hacer frente a la crisis. Pese a la rapidez de la reacción y la potencia real de estas medidas de urgencia, rápidamente se hizo evidente la necesidad de un instrumento de apoyo fiscal conjunto a nivel europeo.

Así, en tiempo récord, en julio del 2020, los jefes de Estado y de gobierno de la UE acordaron crear NextGenerationEU, un fondo dotado con 750.000 millones de euros, financiado con emisión de conjunta de deuda, que se incorporaría al presupuesto de la UE y se distribuiría entre los Estados Miembros, en función del impacto de la crisis de la pandemia en sus economías, actuando como auténtico mecanismo redistributivo. Por primera vez en su historia, la Comisión Europea se endeuda en nombre de la Unión para respaldar y transformar las economías europeas. Con ello la Unión Europea ha dado un paso sin precedentes hacia una mayor integración política y financiera, paso que algunos han calificado de «momento Hamiltoniano» de la Unión. Aparte de los efectos positivos sobre la estabilidad de la zona del euro y del mercado único, se espera que NextGenerationEU tenga una relevancia estratégica para el desarrollo futuro de la Unión Europea.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el corazón de NextGenerationEU, es el instrumento que permite financiar las reformas e inversiones propuestas por los Estados Miembros en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. Estas reformas e inversiones deberían transformar la economía de Europa, acelerando las transiciones climática y digital, y permitir a los Estados Miembros abordar los desafíos identificados en las recomendaciones específicas que el Consejo propone anualmente en el marco de la gobernanza económica de la UE, el Semestre Europeo. El mecanismo es novedoso, ya que introduce la financiación por resultados: los desembolsos se materializan cuando la Comisión y el Consejo valoran positivamente que se han cumplido los hitos y objetivos asociados a las reformas e inversiones. Estos hitos y objetivos, además, son públicos, transparentes y medibles.

La efectiva implementación del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aprobó el Consejo en julio del 2021, debería permitir a España dar un salto extraordinario en el camino de su transformación verde y digital, mejorar las capacidades de su capital humano y, en definitiva, en su desarrollo económico y social. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prevé ocho pagos a España por un total de 69.500 millones de euros de fondos no reembolsables. Funcionará como un incentivo para realizar reformas e inversiones clave, que España deberá acometer hasta 2026. En 2022 la agenda del Plan deberá experimentar un notable impulso.

En esta fase inicial del despliegue del Plan el reto se concentra en las reformas, cuyo impacto en crecimiento del PIB, según BBVA Research, podría ser hasta cuatro veces superior al generado por las inversiones. La Comisión Europea no ha publicado una estimación del impacto de las reformas planteadas en el Plan, pero sí tiene estudios previos según los cuales el impacto de reformas estructurales, que redujeran a la mitad la brecha de España con respecto a los best-performers europeos, podría contribuir a aumentar el PIB de España en un 10 % en 20 años.

En 2021, la Comisión desembolsó 9.000 millones de euros, en concepto de prefinanciación y dio luz verde a un primer pago de 10.000 millones de euros, tras comprobar que España había cumplido los 52 hitos asociados al primer tramo en la Decisión de Ejecución del Consejo. Los hitos incluyeron medidas importantes, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (que consagra la neutralidad climática para 2050), la reforma del apoyo a la renta mínima, medidas para apoyar la digitalización de las pymes e impulsar las habilidades digitales, o el plan de modernización de la formación profesional. España ha sido el primer Estado Miembro en recibir pagos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el 2022 se prevén dos desembolsos más por un valor total de 18.000 millones de euros. Uno de estos pagos, de 12.000 millones de euros, está ligado al cumplimiento de 42 hitos y objetivos que deberían estar listos en diciembre de 2021. Este pago está asociado, además, a reformas tan relevantes como la del mercado laboral y la del sistema de pensiones, la Estrategia de Activación para el Empleo 2021-2024, la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada, el Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología, el Real Decreto de Creación, Reconocimiento y Autorización de Universidades, la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina o el refuerzo de la AIReF en el área de evaluación del gasto público, entre otras. A finales de 2022, España podría pedir el desembolso de los 6.000 millones de euros restantes, sujeto a la consecución de 29 hitos y objetivos que España ha previsto alcanzar a finales de junio 2022.

En 2022 España deberá seguir avanzando en el cumplimiento de una agenda ambiciosa de reformas. Ligadas a pagos destacan las siguientes en el ámbito empresarial: la ley de creación y crecimiento empresarial, la ley de startups o empresas emergentes, la reforma de la ley concursal, la ley general de comunicación audiovisual, y la ley de ciberseguridad y 5G. Relativas al mercado laboral están: la ley relativa al sistema integral de formación profesional, la reforma del sistema de incentivos a la contratación o la reforma del subsidio no contributivo por desempleo.

En el ámbito de las finanzas públicas nos encontramos con iniciativas relevantes como la ley de lucha contra el fraude fiscal, la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos, la reforma del impuesto sobre los gases fluorados, la reforma del sistema de cotización a la seguridad social de los trabajadores autónomos, la revisión del actual sistema de pensiones complementarias, el Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado y la segunda parte de la reforma del sistema público de pensiones, con importantes medidas para el refuerzo de su sostenibilidad.

En el ámbito de la transición verde cabe mencionar la ley de residuos y suelos contaminados y la ley sobre propiedad horizontal para facilitar la financiación de la rehabilitación. España se ha comprometido también a impulsar la modernización de la Administración Pública con la ley de la evaluación de las políticas públicas, la reforma de la Ley de Regímenes Administrativos Locales, la Ley de Función Pública de la Administración del Estado y una ley Eficiencia Procesal/de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales. Por último, destacan la actualización de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley de vivienda.

Este ambicioso despliegue de reformas deberá compaginarse con la ejecución de inversiones que permitan alcanzar los objetivos comprometidos. Desde la adjudicación de 1.000 millones de euros en inversiones en la red no básica de ferrocarril y carreteras o la concesión de 800 millones de euros en ejecución del  programa de transporte sostenible y digital, hasta avances en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTEs), con la asignación de, al menos, 400 millones de euros en ayudas en el ámbito estratégico de los vehículos eléctricos y la aprobación de, como mínimo, dos PERTEs más con la asignación de no menos de 400 millones de euros de presupuesto en ayudas para cada uno de ellos. Al final de 2022 se espera que haya 50.000 nuevas plazas de formación profesional, y se haya ejecutado un mínimo del 30% de los 3.000 millones de euros destinados a acciones para digitalizar las pymes a través del Programa Digital Toolkit. También se esperan grandes inversiones en turismo, con la adjudicación de 1.173 millones de euros para la ejecución de planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos y en innovación con la adjudicación de 897 millones de euros en nuevos proyectos de I + D + i público-privados, entre muchos otros objetivos de inversión previstos para 2022.

En total, España se ha comprometidos a alcanzar 416 hitos y objetivos hasta el 2026. Están descritos en el anexo a la Decisión de implementación del Consejo junto a un calendario indicativo de los plazos de cumplimiento. Si España cumple con los 178 hitos y objetivos ligados a las reformas e inversiones comprometidos entre 2021 y 2022, culminaría este año con el 43% de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia.

España se ha comprometido ante Europa, de la mano de NextGenerationEU, a impulsar el periodo de reformas e inversiones más ambicioso que probablemente haya visto en su historia reciente. La Comisión Europea apoyará a España en este camino de recuperación y transformación de la economía española, que requiere el compromiso decidido de todos. 2022 será un año determinante para convertir estos hitos y objetivos de reformas e inversiones en oportunidades reales para las empresas y los ciudadanos españoles, con la mirada puesta en la mejora de las vidas de las próximas generaciones. Para ello será fundamental que todos, desde nuestro lugar en la sociedad – interlocutores sociales, sociedad civil, sector privado, y por supuesto administraciones públicas – participemos activamente para que el plan sea un éxito.