Mercado de trabajo y sistema de pensiones en 2022

Las previsiones económicas apuntan a que en 2022 continuará la recuperación del mercado de trabajo en España.

A lo largo de 2021, la recuperación ha ido claramente de menos a más y se ha vuelto a alcanzar el nivel de afiliación efectiva anterior a la pandemia. Tras crecer un 0,4% en el primer semestre, se espera que el PIB aumente un 4,2% en el segundo. A falta de conocer el crecimiento del cuarto trimestre y de que se confirme el avance del tercero, el PIB en 2021 crecerá entre un 4,5% y el 5%. Para 2022 se espera que lo haga un 5,5%, por lo que España podría recuperar los niveles de actividad anteriores a la pandemia a finales del próximo año. En un escenario sin cambios en la legislación laboral, las previsiones de BBVA Research apuntan a que el empleo EPA aumentará un 3,2% en 2022 (un 2,6% en términos equivalentes a tiempo completo) y que la tasa de paro disminuirá al 14%.

Esta aceleración prevista de la actividad descansa en la mejora progresiva de la situación sanitaria (gracias, entre otros factores, a la campaña de vacunación y nuevos tratamientos), de los mayores efectos sobre la actividad de los fondos europeos (muy por debajo de lo esperado en 2021), y de la normalización gradual, aunque lenta, de los precios de la energía y de los cuellos de botella. En cualquier caso, las incertidumbres al respecto de estos factores siguen siendo muy elevadas.

Más allá de la última prórroga de los ERTES hasta finales del próximo mes de febrero, del nuevo aumento previsto del salario mínimo interprofesional y de los efectos de algunas leyes aprobadas en 2021 o en curso (que afectan a la regulación del teletrabajo, a las actividades realizadas por los riders, o el anteproyecto que contempla la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal en agencia estatal), entre los factores que afectarán a la evolución del mercado de trabajo en 2022 destacan especialmente dos. En primer lugar, el resultado de la negociación colectiva en un momento en el que la inflación en España alcanza niveles del 5,6%, récord en las últimas tres décadas, como también ocurre en la eurozona y EE.UU.

En la medida que la mayor parte de la inflación se debe al aumento de precios de la energía (importada del exterior), mientras la inflación subyacente se encuentra en el 1,7%, es importante que este empobrecimiento relativo de la economía española frente al exterior no dé lugar a una espiral inflacionista de precios, salarios y rentas, con la que unos sectores de la población tratan de que otros carguen con el peso de esa transferencia de rentas al resto del mundo. De generarse esa espiral, supondría un lastre para la recuperación, la inversión productiva, la creación de empleo y la competitividad exterior de la economía española. Además de la consideración anterior, las subidas salariales en convenios deben tener en cuenta el comportamiento desfavorable de la productividad del trabajo y la reducción de los márgenes para el conjunto de la economía, respecto a sus niveles anteriores a la pandemia. 

En segundo lugar, la reforma laboral en curso, con incertidumbres sobre el resultado final del acuerdo, también va a marcar el devenir del mercado de trabajo, al menos a corto y medio plazo, y hasta que futuras reformas cambien la regulación laboral. Las negociaciones se centran en cómo reducir la temporalidad, la prevalencia de los convenios de empresas, la ultractividad, las subcontrataciones, los descuelgues y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o los ERTE estructurales. Las respuestas a todas estas cuestiones y los detalles de la ley en la que finalmente se plasme la reforma puede ser un avance hacia una mayor flexiseguridad y convergencia del marco de relaciones laborales de España con los de los países del centro o norte de Europa. Pero también hay riesgos de que sea un retroceso en la dirección contraria, si la dualidad que caracteriza la flexirigidez actual entre contratos temporales e indefinidos evoluciona hacia una mayor rigidez de los primeros sin un aumento de la flexibilidad de los segundos.

Por lo que respecta al sistema de pensiones, a lo largo de 2021 se han producido un amplio conjunto de novedades. En primer lugar, en el sistema público (primer pilar) se ha optado por la revalorización con el IPC, trasladando al Estado el déficit de las pensiones y rompiendo el principio de separación de fuentes. Se ha sustituido el Factor de Sostenibilidad de las reformas de 2011 y 2013 por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sube las cotizaciones sociales en 0,6 puntos durante la próxima década (0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) y demora a 2033 la introducción de ajustes adicionales. Se han modificado los coeficientes reductores para la pensión anticipada y se han aumentado los incentivos a la jubilación demorada.

En su conjunto, estas medidas irán aumentando gradualmente el déficit previsto del sistema de pensiones (actualmente un 2,5% del PIB, aproximadamente la mitad del déficit previsto de las AA.PP. en 2022) y lo trasladan al Estado, incrementan las cotizaciones, encareciendo la creación de empleo, y reducen la equidad intergeneracional, a cambio de una mayor carga impositiva sobre las generaciones más jóvenes. El déficit ya existente del sistema de pensiones y su aumento previsto en las próximas dos décadas, en unos 3 puntos del PIB adicionales, se traducirán en un importante aumento de la presión fiscal, tanto para empresas como para trabajadores.

En segundo lugar, el gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de ley para activar el fondo público de pensiones, que pretende potenciar los planes de pensiones de empleo (segundo pilar). Su objetivo es facilitar e incentivar el acceso de trabajadores de rentas medias y bajas en pequeñas y medianas empresas a planes colectivos de pensiones. La cantidad fiscalmente deducible vía aportaciones aumenta hasta los 8.500 euros a partir de 2022, en detrimento de los planes individuales (tercer pilar), que ven de nuevo reducirse la cantidad deducible en IRPF de 2.000 euros anuales en 2021 a 1.500 en 2022. Se rompe así el principio de neutralidad regulatoria y fiscal necesario entre los tres pilares de rentas de jubilación, que deberían ser complementarios, sin que el crecimiento de alguno de ellos se haga a expensas de algún otro.

Aunque 2022 será previsiblemente un año de mayor crecimiento que 2021, las perspectivas actuales son también más inciertas. La aparición de nuevos riesgos y el aumento de algunos ya existentes hacen que las expectativas sean más volátiles. Conviene tener en cuenta que tanto en el ámbito de las regulaciones laborales (por ejemplo, revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación) como en materia de pensiones (por ejemplo, el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, cotización de trabajadores autónomos por sus ingresos reales o aumentos de la base máxima de cotización) quedan reformas pendientes para 2022, que están comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Será importante que la política económica ayude todo lo posible a intensificar la recuperación y a aumentar el crecimiento potencial con reformas en la dirección adecuada.