Las cuentas públicas en 2021 y 2022: ¿un inicio de consolidación en riesgo?

Las previsiones del Gobierno muestran una cierta consolidación basada en una rápida recuperación de ingresos y una ligera reducción de gastos.

España sufrió en 2020 la mayor contracción desde que tenemos datos fiables como resultado de la crisis del Covid, con una caída de la producción de casi el 11%. El Gobierno prevé una recuperación rápida que nos devolverá en dos años a los niveles de producción pre-pandemia, con crecimientos de entre el 6 y el 7% tanto durante el año en curso como en 2022.

Como cabría esperar, el shock del Covid ha tenido efectos muy negativos sobre nuestras finanzas públicas. En 2020 los ingresos públicos cayeron en un 5,6% en términos reales y los gastos aumentaron en un 11,2%, lo que generó un déficit presupuestario de casi el 11% del PIB y un fortísimo repunte de la deuda pública, que aumentó desde el 96% hasta el 120% del PIB en sólo un año.

En términos absolutos (y siempre a precios de 2019), el gasto público se incrementó en 2020 en unos 58.500 millones de euros, de los que en torno al 80% corresponden a extraordinarios generados por la lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

Las previsiones del Gobierno para 2021 y 2022 dibujan un escenario de una cierta consolidación, caracterizado por i) una rápida recuperación de los ingresos, gracias en parte a la introducción de algunos nuevos impuestos y modestas subidas tributarias,[1] pero sobre todo a la reactivación económica, y ii) una ligera reducción de los gastos alimentada por una rápida eliminación de los extraordinarios ligados a la pandemia que más que compensa el incremento de otras partidas de gasto, especialmente de carácter social. Combinando ambos efectos, se espera reducir el déficit presupuestario a la mitad y la razón entre deuda y PIB en cinco puntos porcentuales. Aun así, el déficit estructural aumentaría en 7 décimas entre 2020 y 2022 y la ratio de deuda pública sobre PIB estaría en un preocupante 1,15.

Por tanto, España terminaría 2022 con una posición fiscal complicada que exigiría un plan serio de consolidación en ejercicios posteriores. Un ingrediente importante del mismo tendría que ser un esfuerzo por limitar el crecimiento futuro del gasto en pensiones, cuyo componente contributivo (incluyendo clases pasivas) supondría en 2022, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, el 28,6% del gasto público total y el 12,8% del PIB, habiéndose incrementado su peso en este último agregado en siete décimas de punto en sólo tres años.[2] En este contexto, y en cumplimiento de los compromisos del PRTR, veremos un 2022 con un incremento de la presión fiscal sobre la empresa por el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades, y la entrada en vigor de los impuestos ambientales sobre plásticos y residuos. Además de cara a 2023, se prevé un incremento adicional de dicha presión fiscal, que nos acerque, según las previsiones del Gobierno de España, a la media europea, y que podría incluir una importante reforma de la imposición patrimonial y de la imposición indirecta, fundamentalmente del IVA.

Un factor adicional de preocupación es que entre los riesgos para nuestras cuentas públicas parecen dominar los que apuntan a la baja. Los cálculos del Gobierno se basan en un escenario de robusto crecimiento del PIB que, a la luz de las últimas previsiones de los organismos internacionales y entidades españolas para este año y el que viene, parece un tanto optimista, Si la recuperación es más lenta de lo esperado, la evolución de las cuentas públicas se resentirá.