El gobierno encabezado por Martín Vizcarra cumplió dos años el lunes en plena cuarentena, una medida necesaria para cuidar la salud de la población. De hecho, el 95% la respalda. No por ello, sin embargo, debemos pasar por alto que, en lo que va de su gestión, no ha respondido con igual firmeza para afrontar los principales males que aquejan a la actividad minera.
Lo que ha afectado a esta industria, no es únicamente el brote del coronavirus y la caída de los precios de los minerales, sino también la inestabilidad política, la conflictividad social y el exceso de burocracia.
La Sociedad Nacional de Minería ha advertido que solo para un proyecto de exploración existen más de 250 trámites irracionales y lentos que se entrecruzan, duplican, contradicen y crean confusión entre las mineras, demorando iniciativas que de por sí requieren de largos años para madurar.
La inoportuna propuesta presidencial para la elaboración de una nueva Ley General de Minería solo ha añadido mayor incertidumbre, retrasando inversiones. Y si a eso agregamos la defección del Ejecutivo frente a situaciones de violencia como las de Tía Maria y las Bambas no es de extrañar que hayamos caído diez puestos, del 14 al 24, de un total de 76 jurisdicciones evaluadas, en el último ranking de competitividad minera del Instituto Fraser, un “think tank” canadiense.
Eso significa que el atractivo del Perú para invertir en minería no solo no ha mejorado, sino que, en relación a sus pares, ha empeorado. No se trata de un problema de percepción, sino de síntomas inequívocos de lo que está sucediendo en nuestro país y señales que están viendo los inversionistas internacionales sobre el entrampamiento general en el que está el sector. Y todo esto, además, en un contexto global de pánico y restricciones por la rápida propagación del temible COVID-19, que ha puesto a la industria contra las cuerdas por su fuerte impacto en la producción y las cotizaciones.
En las siguientes semanas, muy posiblemente, veremos una intensificación de la turbulencia en los mercados hasta que la pandemia sea contenida. Mientras tanto, toda esta inestabilidad tendrá un correlato marcado en la confianza empresarial y en la inversión, sobre todo, en exploración, la cual ya sufrió un duro golpe el año pasado al caer un 14%, de USD 412 millones a 356 millones.
Esto debería ser razón suficiente para promover reformas estructurales que ayuden a impulsar el ingreso de nuevos proyectos. No se puede tomar a la ligera una actividad que explica el 60% del valor de nuestras exportaciones y que sigue siendo una de las que más recursos fiscales aporta.
Los retos a los que nos enfrentamos son grandes y si bien los 16 meses que le quedan a este Gobierno no son suficientes para resolver todos los problemas del sector, se pueden sentar las bases para lograrlo. La prioridad, una vez superada la crisis sanitaria que vivimos, debe estar en destrabar una serie de proyectos paralizados en diversos puntos del territorio nacional. Todo día cuenta.
