La Ley de Cambio Climático y Transición energética obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023 y aquellos de más de 20.000 habitantes que no cumplan con los límites de calidad del aire.
En el caso de los desplazamientos a pie, en bicicleta o por medios de transporte eléctrico, se obligará a que las ciudades creen «corredores verdes» que conecten el centro con las zonas periurbanas, de tal forma que se favorezcan estos modos de transporte.
