- El PIB de España muestra una leve desaceleración trimestral, pero se eleva la previsión de crecimiento anual al 2,8%, superando las expectativas.
- La UE introduce un nuevo marco fiscal con una supervisión más estricta y sanciones para los países con déficit y deuda elevados.
- Este nuevo marco, y la situación fiscal de España podrían traducirse en un aumento de la carga fiscal para las empresas.
EY Insights y EsadeEcpol han publicado hoy la novena edición de “MacroInsights”, informe bimensual de seguimiento de la economía española enfocado al sector empresarial. Como es habitual, el informe refleja en primer lugar la evolución de la coyuntura económica y previsiones de evolución en España, en segundo lugar, pone el foco en una macrotendencia económica y, en tercer lugar, analiza el impacto derivado en el tejido empresarial.
El RealTimeTracker, modelo de seguimiento y pronóstico en tiempo real, estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá un 0,6% en el tercer trimestre de 2024, lo que representa una muy leve moderación respecto al 0,8% registrado en los dos trimestres anteriores. Esta tendencia introduce sesgos alcistas en las proyecciones para el conjunto del año, elevando la previsión anual al 2,8%, medio punto por encima del consenso y destacando un panorama económico favorable en el país.
Coyuntura macro.
El RealTimeTracker, modelo de seguimiento y pronóstico en tiempo real, estima que el PIB español mantendrá su expansión durante el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento en torno al 0,6% trimestral. Esta cifra implicaría una muy ligera desaceleración respecto al 0,8% registrado en los dos primeros trimestres del año, pero mantendría un tono claramente positivo que haría que, a pesar de este ritmo más moderado, la previsión anual de crecimiento se ajuste al alza, elevándose al 2,8%, superando tanto el consenso de analistas como las expectativas iniciales del año. El balance para el año es claramente positivo, con un avance del 2,7% interanual en el primer semestre, impulsado por un crecimiento equilibrado entre sectores y una notable tracción del consumo privado y público.
En el frente monetario y financiero, la inflación en España se redujo al 2,2% en agosto, alineándose con la eurozona. Este contexto ha llevado al BCE a iniciar un ciclo de bajadas de tipos de interés, con la última (ya descontada por los mercados) ayer 12 de septiembre, influidas por diversos factores como la evolución de la inflación, el tipo de cambio, y las proyecciones del Eurosistema.
Por otro lado, el panorama de riesgos ha repuntado debido a factores externos, especialmente las tensiones geopolíticas, y también la incertidumbre en el mercado inmobiliario comercial. Aunque en España no se identifican riesgos domésticos significativos a corto plazo, el escenario político, marcado por la fragilidad de la coalición gubernamental, podría influir en la gobernabilidad futura, especialmente en términos presupuestarios. En este contexto, la UE ha enfatizado la importancia de la sostenibilidad fiscal para reforzar la resiliencia económica del continente, un desafío clave para las autoridades europeas y españolas en este momento del ciclo.
Macrotendencia económica. Nuevas reglas fiscales.
La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), adoptada en abril, marcó un hito al cerrar la legislatura y será crucial en el nuevo mandato de la UE, ya que implica el fin de la laxitud fiscal de los últimos años y el retorno a restricciones para los países con menor constancia fiscal. El nuevo marco mantiene los valores de referencia del PEC original, como un déficit del 3% del PIB y una deuda del 60%, así como los mecanismos de vigilancia como el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) a cargo de la Comisión Europea y el Consejo.
A la vez, incorpora tres novedades principales: un plan fiscal a medio plazo que cada país debe elaborar, basado en el gasto público primario neto, con una duración mínima de cuatro años y la posibilidad de prorrogarlo; reglas de ajuste que requieren que los países con déficit superior al 3% ajusten su saldo estructural en 0,5 puntos del PIB al año; y una supervisión más estricta con agencias fiscales independientes y sanciones más severas para los infractores.
Los argumentos a favor del nuevo PEC se resumen en que ofrece ajustes fiscales más graduales y específicos, protege inversiones y promueve reformas, lo que podría mejorar la credibilidad fiscal y generar beneficios como mejores calificaciones soberanas y menor gasto en intereses. Sin embargo, existen potenciales limitaciones a valorar según las perspectivas más críticas: aumento de la complejidad del sistema, restricción del espacio fiscal para inversiones a largo plazo, incertidumbre sobre la apropiación del plan por parte de los países y la persistencia del carácter procíclico de las reglas.
El FMI ha advertido recientemente a partir de una revisión de la evidencia disponible que las consolidaciones fiscales no siempre reducen las ratios de deuda, principalmente debido a una implementación inadecuada, una composición ineficaz o la falta de un marco institucional sólido. La situación fiscal actual, que ya está desalineada con los objetivos del PEC, presenta desafíos para la Comisión Europea, con varios países, incluidos Francia e Italia, superando los límites de déficit y deuda, y una dificultad añadida por los tipos de interés elevados y bajo crecimiento económico. El Consejo ha abierto el PDE a siete países y en noviembre, la Comisión presentará propuestas de consolidación fiscal para estos Estados.
Perspectiva micro. Aumento de la carga fiscal para las empresas.
La robustez fiscal es crucial para la resiliencia en un entorno incierto, ya que las debilidades en esta área pueden convertirse en riesgos significativos. Vale entonces la pena anotar que la situación fiscal de España es más comprometida en comparación con el promedio de la zona euro debido a tres factores clave: una deuda elevada del 109% del PIB, un déficit fiscal persistente (actualmente al 3,7% y proyectado a reducirse al 1,8% en 2027, aunque el FMI estima que se mantendrá alrededor del 3%), y un envejecimiento demográfico acelerado, que incrementará los costos relacionados con pensiones y sanidad al 29% del PIB para 2070.
El ajuste fiscal necesario, estimado recientemente por AIReF en 9.000 millones de euros anuales entre 2025 y 2028, deberá abordar estos problemas a corto y largo plazo. Idealmente, se debería enfocar en una combinación de recortes de gasto, reformas fiscales pendientes por el lado de los ingresos, y otras de orden estructural, pero la falta de avances en la última década agrava la situación. La incertidumbre se acentúa debido a la ausencia de un proyecto de PGE para 2024 y las dificultades parlamentarias para aprobar los objetivos de estabilidad, que reflejan una coalición diversa que complica la implementación del ajuste fiscal.
A medio plazo, cabe anticipar que, una vez suceda, el ajuste fiscal recaiga en no poca medida sobre las empresas con posibles incrementos en impuestos al trabajo, sobre sociedades, impuestos sectoriales y especiales relacionados con el medio ambiente y la salud. Además, la fiscalidad empresarial podría verse afectada por la posible reforma del marco de financiación autonómica y la transposición de las reglas del II Pilar. Las empresas deberán tener todo ello en cuenta para sus previsiones futuras.
Será, por último, crucial seguir de cerca el Plan Estratégico de la AEAT 24-27 y los desarrollos relacionados con la factura electrónica, que podrían tener implicaciones importantes para la planificación tributaria de las empresas.
