El pasado día 3 de marzo el denominado Comité de personas expertas hizo entrega a la Ministra de Hacienda del Libro Blanco para la Reforma Tributaria, dando con ello cumplimiento al encargo resultante del Componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en función del cual – a su vez- el Gobierno de España, se compromete frente a la Unión Europea a la aprobación de una reforma de nuestro sistema tributario que el propio PRTR data en el primer trimestre de 2023 –a reserva de una nueva y previsible renegociación del mismo con la Unión Europea-. Algunas de las reformas aludidas en el citado Plan se anticipan incluso para los próximos trimestres de 2022. Tal es el caso de la actualización de los impuestos de matriculación, circulación, gases fluorados, hidrocarburos, plásticos, residuos y movilidad sostenible.
Partiendo de la menor recaudación sobre PIB de España que nuestros socios europeos, el Libro ofrece un amplísimo catálogo de medidas fiscales con el objetivo de elevar la presión fiscal, frente a una menor preocupación por las necesidades de crecimiento y mejora de la competitividad de la economía española. En ese diagnóstico se echa en falta una mayor atención al índice de competitividad fiscal -donde ocupamos el poco honroso puesto 30 de las 37 economías de la OCDE- o del esfuerzo fiscal efectivo -incidencia que la presión fiscal tiene sobre la capacidad económica del contribuyente, partiendo de nuestra renta disponible per cápita en paridad de poder de compra-, donde ya somos los octavos de la UE, muy por encima de la media europea.
El Libro Blanco, en lo que atañe a la composición de los ingresos públicos, plantea la posibilidad de incrementar el potencial recaudatorio del sistema, tanto en la tributación sobre la renta, el consumo y la riqueza, y de forma muy singular en la actualización de la fiscalidad ambiental y las economías emergentes, como analizaremos en la presente Alerta.
